La industria minera advirtió que aún el borrador de la Constitución no brindaba las certezas legales necesarias para inversiones cruciales que permitan la transición hacia energía limpia.
Por James Attwood
Bloomberg — Productores de cobre desde BHP Group hasta Freeport-McMoRan Inc. evitarán una drástica reestructuración de los derechos mineros en Chile –al menos por ahora– después de que los encargados de redactar una nueva Constitución concluyeran las deliberaciones.
En una votación final en el pleno de la Convención Constitucional el sábado, un plan para reemplazar el modelo de concesión chileno, favorable a los inversionistas, por un sistema de permisos temporales y revocables no alcanzó el umbral de dos tercios necesario para ser incluido en un documento que se someterá a un referéndum el 4 de septiembre.
Si bien el artículo había sido moderado para eliminar el requisito de que el Estado tuviera la propiedad mayoritaria de los proyectos, la industria minera advirtió que aún no brindaba las certezas legales necesarias para inversiones que son cruciales para permitir la transición hacia energía limpia. Chile cuenta con los mayores depósitos del metal para cableado utilizado para electrificar las economías. Sin duda, la votación del sábado significa que el borrador de la constitución carecerá de un mandato claro sobre los derechos mineros, lo que hará que la legislación sea más vulnerable a cambios en el futuro.
“Por un lado, excluye los riesgos que se habían previsto inicialmente, pero por otro, deja todo sujeto a leyes simples y, por ende, a mayorías políticas circunstanciales”, dijo Juan Carlos Guajardo, quien dirige la consultora Plusmining. “Pero sin duda que, comparado con cómo empezó esta historia, estamos en una situación mucho mejor”.
En otras medidas que podrían afectar los proyectos de recursos, el borrador de la constitución incluirá una expansión de la gobernanza ambiental, incluida una restructuración de las regulaciones sobre el agua para que se centren en la disponibilidad y mayor protección de los suministros en las tierras indígenas. Por otra parte, el Gobierno quiere aumentar los impuestos a la minería para financiar el gasto social.
En la votación del sábado, los miembros de la convención aprobaron una prohibición a la actividad minera en los glaciares, pero rechazaron propuestas similares para salares, humedales, áreas de permafrost y el fondo marino. Chile es el segundo mayor productor de litio gracias a las salmueras mezcladas con minerales en su desierto del norte.
El sábado también se aprobó una garantía estatal de acceso “equitativo y no discriminatorio” a la energía, así como un requisito para que las mineras reserven fondos para reparar daños ambientales.
Las propuestas fueron presentadas por un comité lleno de jóvenes activistas ecológicos y de izquierda, elegidos tras las protestas que comenzaron en octubre de 2019 por la desigualdad. El pleno de la convención tiene una mezcla más diversa de miembros.
Fuente: Bloomberg Línea