Tras fallo de la Corte Suprema, titular de Minería criticó que el gobierno anterior no haya considerado la opinión de los pueblos indígenas.
Por Sergio Sáez y Cristian Rivas
EI Gobierno pone fin a la historia. Luego de que la Tercera Sala de la Corte Suprema acogiera dos recursos de protección de las comunidades indígenas atacameñas de Camar y Coyo, la ministra de Minería, Marcela Hernando, sepultó la licitación anunciada en octubre del 2021 por el gobierno de Sebastián Pinera. Dicha subasta otorgó derechos de explotación en enero del 2022 a la empresa china BYD y a la chilena Servicios y Operaciones Mineras del Norte, del Grupo Errazuriz.
Ayer, el máximo tribunal determinó que el Estado debió realizar una consulta indígena para el proceso, por lo que lo declaró ilegal. Ante eso , Hernando explicó la estrategia para ponerle candado a este procedimiento que causó polémica y que incluso fue criticado por el Presidente Gabriel Boric antes de asumir y por la propia ministra cuando era diputada.
«A nosotros se nos genera tres tareas fundamentales que tenemos que cumplir. Lo primero es devolverle las empresas, todas las que postularon, incluyendo la que no se adjudicaron, sus garantías, las que todavía están cauteladas por este ministerio», contó a La Segunda. Añadió que en términos administrativos también dejarán sin efecto la resolución número 1 del año 2021, con la que se llamó a licitación «porque con este fallo de la Corte Suprema se anula completamente el proceso. El fallo, por una parte, anula la licitación y por otra, la adjudicación», explicó.
La secretaria de Estado agregó que como ministerio también tendrán que asumir las reclamaciones, eventualmente judiciales, que se generen tras este proceso fallido iniciado por el Estado de Chile. En relación a cómo conversa el fallo de la Corte Suprema con el anuncio ratificado por el Presidente Boric de crear una Empresa Nacional del Litio, Hernando explicó que incorporarán a todo evento el proceso de consulta indígena en el actuar de este órgano y adelantó que ya trabajan en una propuesta.
Comunidad celebra
En la comunidad atacameña de Coyo valoraron el fallo del caso, que fue caratulado en la Corte Suprema como «Piñera versus Sandón», haciendo referencia al nombre del expresidente que inicio la licitación y la líder de la comunidad ubicada en el Salar de Atacama. «Esta resolución es un estado de cuestionamiento a lo que significa no considerar la resolución de los habitantes del territorio. Creo en la armonía que tenemos como comunidad con la naturaleza y en la transmisión de los valores y principios que nos inculcan nuestros antepasados. Nosotros siempre vamos a ser los cuidadores de nuestra madre tierra», comentó Lady Sandón , presidenta de la comunidad que derribó el proyecto.
El abogado de la Comunidad Coyo, Gabriel Muñoz, coincidió con su clienta en que esta sentencia será clave para procesos futuros que quiera desarrollar el Estado: «La Corte Suprema fue coherente con todo lo que ha dicho en varios fallos anteriores, en que la consulta indígena es un reconocimiento de la Constitución Política a través del convenio 1ó9 de la OIT».
Camino legal
En el mundo legal no se ve muy viable el camino judicial para las empresas afectadas con el fallo de la Suprema, por tratarse de una resolución que ya es definitiva: «Tendrían que iniciar un juicio en contra del Estado de Chile, que tendría que ser en sede chilena, porque no veo que contratos tiene firmados el país con BYD, por ejemplo, para poderlo llevar a sede internacional, ninguno», estimó Cristian Quinzio, abogado y profesor de Derecho Minero en la Universidad de Chile. «Además, ya sabemos cuál es la posición de la Corte Suprema sobre la licitación. No veo cómo podría recurrirse en contra de esta licitación», agregó. En el análisis del fallo , dice que la licitación tal como estaba planteada carecía de objeto concreto, porque no establecía el lugar definido donde se explotaría el yacimiento, falla que también tuvo un proceso similar que realizó el primer gobierno de Sebastián Pinera en 2012.
Quinzio puso énfasis en lo que dijo el máximo tribunal respecto a pedir una consulta indígena para la licitación de con tratos de operación de litio (CEOL): «Si cada llamado a licitación de un CEOL en un lugar determinado va a quedar sujeto a una previa consulta indígena , nos vamos a demorar tres años más«, planteó. Y añadió que este caso sería un proceso duplicado, pues luego de que los contratos de licitación se adjudican , viene el proceso de evaluación ambiental, en donde si está establecida la obligatoriedad de la consulta indígena.
Por eso mismo es que otros expertos en minería, como Juan Carlos Guajardo, director ejecutivo de Plusmining, critican el lento avance del desarrollo de la minería de litio en el país. «El fallo demuestra cuán difícil es avanzar en Chile en el desarrollo de la industria del litio. Cada vez que se ha intentado avanzar, se frustra por razones de distinta índole, pero que en definitiva convergen en la incapacidad del Estado para sostener iniciativas que intenten aumentar la producción. La única excepción ha sido la renegociación de los contratos en el Salar de Atacama», describió.
Consultadas las dos empresas que ganaron la licitación, ninguna quiso referirse al tema o a futuras acciones legales. El pasado 25 de abril, la ministra de Minería, Marcela Hernando, recibió la visita de la plana mayor de la empresa chin a BYD y la cita fue encabezada por Stella Li, vicepresidenta ejecutiva de BYD y brazo derecho del multimillonario Wang Chuanfu, máximo accionista de la compañía.
Fuente: La Segunda