Los cuestionamientos apuntan a que la Dirección de Presupuestos considerará sólo los recursos por rentas de la propiedad y no la totalidad. Los expertos se alinean con los argumentos del CFA y piden también que el cálculo incluya un plazo mayor a los 4-5 años que se propuso.
Por Carlos Alonso
Los mayores ingresos que ha generado el litio llevaron a que Hacienda los incluyera en el marco de la regla fiscal. Luego que el Consejo Fiscal Autónomo (CFA) le recomendara al gobierno fijar alguna metodología para calcular los ingresos del litio y determinar qué parte es estructural y qué parte es cíclica, Hacienda presentó su propuesta en el Informe de Finanzas Públicas del primer trimestre.
Esa fórmula consiste en ocupar los ingresos promedio de los últimos 4 a 5 años. Para 2023 se ocupará un umbral basado en los 4 años anteriores a 2023, mientras que para el período 2024-2025 el umbral estará basado en los cinco años anteriores a 2023. De esta manera, dijo la Dirección de Presupuestos (Dipres), se “activa un ajuste prudencial cuando los ingresos efectivos por este componente sean mayores al promedio propuesto. En caso contrario, no hay ajuste prudencial”.
En la presentación se aclaró también que en el cálculo estructural de los ingresos provenientes del litio se consideran las rentas de propiedad y no se incluye lo que las firmas paguen por impuestos a la renta, principalmente por el secreto tributario que opera en casos en que existen pocas empresas en el mercado.
En el caso de las rentas de arrendamiento a Corfo, estas se generan de los contratos que sostiene esta entidad estatal con dos empresas privadas: Sociedad Química y Minera (SQM) y Albemarle. Según se detalla en el informe, la metodología propuesta considera ajustar los ingresos contractuales de arrendamiento de pertenencias mineras de litio de Corfo con las empresas explotadoras registrados dentro del subtítulo Rentas de la Propiedad.
Esta fórmula no cayó bien en el Consejo Fiscal Autónomo (CFA), que en su informe trimestral sobre Balance Estructural publicado este martes señaló que “una de las recomendaciones no acogidas que el Consejo prioriza se refiere a que el cambio metodológico para hacer un ajuste prudencial a los ingresos por litio se aplique a su totalidad y no a una parte solamente”.
En esa línea, el CFA indicó en su documento que “según lo informado por la Dipres, las restricciones de acceso a información tributaria de las empresas que operan los contratos de arrendamiento para la explotación del litio implican poder considerar solamente un ajuste prudencial para las rentas de arrendamiento pagadas a Corfo”.
De acuerdo a estimaciones del CFA en base a cifras Corfo, esos ingresos representaron un 66,5% de los ingresos fiscales por litio en 2022. Por ello, el CFA planteó que “si bien el mecanismo propuesto mitigaría, no eliminaría el riesgo de comprometer recursos potencialmente transitorios para gastos permanentes”.
Considerando lo anterior, el consejo “recomienda a la Dipres seguir explorando opciones para contar con información sobre la totalidad de los ingresos fiscales por litio, o buscar otro mecanismo alternativo para asegurar un ajuste prudente”.
De acuerdo al CFA, los ingresos por litio en 2022 alcanzaron los US$5.000 millones, cifra que corresponde a 1,6% del PIB y a 6,4% de los ingresos fiscales totales. De ese total, US$ 3.121 millones provienen de las rentas de arrendamiento de Corfo y US$1.911 millones de Impuesto a la renta e impuesto específico a la minería. En este caso, Hacienda sólo consideró los US$3.121 millones para hacer el ajuste metodológico.
Otro de los puntos que cuestiona el CFA es el que refiere a que el horizonte temporal de datos históricos para estimar el umbral del ajuste prudencial sea mayor al propuesto por el gobierno.
En ese sentido, el consejo había recomendado considerar un promedio móvil de entre siete a 10 años hacia atrás como umbral de prudencia para contabilizar los ingresos fiscales por litio provenientes de Corfo, mientras que la Dipres planteó un promedio móvil de cuatro años para 2023 y de cinco años desde 2024 en adelante. Sobre ese punto, el consejo indica que “esta medida tiene un efecto importante en la magnitud del ajuste prudencial y presenta simulaciones que muestran que mientras más años son considerados, mayor resulta el ajuste prudencial, dado que para el cálculo se agregan años previos al período de altos precios del mineral”.
Los expertos se alinean con el CFA
Los economistas y expertos afirman que hay espacio para avanzar en la dirección que indica el CFA. El director ejecutivo de Plusmining, Juan Carlos Guajardo, se alinea con el CFA. “El litio tiene un estatus especial en la legislación minera chilena y por tanto debe haber especial atención a que sus ingresos al fisco, que ahora han alcanzado niveles relevantes, estén imbuidos de la misma lógica que otras fuentes de ingreso que se caracterizan por la volatilidad. Y no se aprecia un argumento de peso que excluya una porción de los ingresos del litio en una lógica de balance estructural fiscal”.
Juan Ortiz, economista del Observatorio del Contexto Económico de la Universidad Diego Portales (OCEC-UDP) considera un avance la propuesta del gobierno. “Sin embargo, la forma de incluir el ajuste cíclico responde hoy a las condiciones de información disponible por lo que se está subestimando el ajuste cíclico por este aspecto. Esto puede llevar a mayor financiamiento de gastos con ingresos que parcialmente no son estructurales sino transitorios”.
Para Ortiz, “dadas las condiciones del acceso a la información y teniendo en cuenta que son proyecciones, aún la metodología tiene espacio para avanzar en poder acceder en forma indirecta a esta información para mejorar el cálculo”.
Mientras que Cecilia Cifuentes, académica de la universidad de Los Andes, argumenta que “la mirada del CFA es correcta, ya que al final el componente cíclico del litio es el total de los ingresos, y no solo la parte que recibe Corfo, por ello es necesario que el ajuste se haga sobre el total de los ingresos y no solo a parte de aquello. Se debería explorar una fórmula para que incluya todos los recursos”.
Cifuentes también es partidaria de que se consideren un plazo mayor de tiempo, en línea con los 10 años que propone el CFA.
Fuente: La Tercera