La coexistencia de concesiones mineras, la falta de definiciones sobre los contratos con privados y la fuerte presencia estatal en los salares estratégicos son algunos de los puntos que generan incertidumbre.
Por S.Sáez, P. Alviña y J. Rogel
El diablo está en los detalles. Esa fue la frase más repetida esta mañana en el mundo privado vinculado al litio, luego que el Gobierno entregara el mapa de salares y diera algunos pasos del cronograma para la participación de las empresas. La Ministra de Minería, Aurora Williams, dijo que en abril se generará un llamado a inversionistas nacionales y extranjeros a presentar su interés a través de un sistema denominado Request por Information (RFI) para explorar o explotar yacimientos de litio. Este proceso entregará sus resultados en julio.
Lo más aplaudido en el mundo privado fue que el anuncio dejó en un segundo plano la generación de la Empresa Nacional del Litio, ya que la iniciativa estatal estará a cargo de Codelco y Enami en los salares denominados estratégicos, como el de Atacama, Maricunga y Pedernales.
¿El Estado continúa presente?
En el mundo privado no queda claro cómo participará el Estado en el resto de los salares que quedarán disponibles. Según el Presidente de Sonami, Jorge Riesco, «la parte luminosa del anuncio» es que existan 26 salares disponibles para inversionistas; no obstante, el líder gremial sostiene que faltan detalles sobre la participación pública en los Contratos Especiales de Operación (CEOL) que se firmen.
El líder empresarial manifiesta que el que no exista la empresa nacional del litio «no quiere decir que el Gobierno haya renunciado a toda forma de participación en el proyecto. Se habla mucho que van a operar bajo los CEOL, podría ser mediante concesiones administrativas también, pero en cualquiera de sus casos el Estado tiene el perfecto derecho de imponer una tarifa, una renta, un royalty, como condición para otorgar el contrato».
Una opinión similar tiene el Director de Plusmining, Juan Carlos Gajardo. El experto sostiene que el diseño de los contratos de operación mediante el cual participarán los privados es un tema relevante antes de dar por hecho el interés de las compañías. «Hay un rayado de cancha sobre el destino de los salares, pero creo que sin saber las condiciones de los CEOL será difícil avanzar», comenta el ex presidente de Cesco.
Dos dueños, un salar
Otro tema que debe ser aclarado según los consultores, empresas y expertos es la coexistencia entre una empresa que cuente con una concesión minera vigente y otros privados que eventualmente se adjudiquen un contrato de operación.
Según el ingeniero de Pivotes, Joaquín Barañao, surge una serie de preguntas: «¿Se superpondrán? ¿Habrá algún tipo de compensación a sus titulares? ¿Podrán los titulares venderlas a los interesados o recibirán parte de la renta?», se pregunta el experto. Desde Sorcia Minerals, empresa de capitales norteamericanos interesada en el litio, coincide en este punto y anticipa que, de no resolverse, se podrían generar «eventuales conflictos jurídicos entre los dueños de las pertenencias mineras en los salares y aquellos que vayan a explotar esos salares, ya sea por privados o por el Estado».
La empresa liderada por Rodrigo Dupoy anticipa que «eso puede entrampar un largo tiempo el desarrollo de proyectos en nuevos salares».
Ventaja Estatal
Un tercer foco de crítica por parte las empresas se centra en que los salares de mayor potencial tienen una fuerte presencia estatal, es decir, Atacama, Maricunga y Pedernales, donde el Estado operará controlando o en asociación con privados. Para el managing partner de iLiMarkets, Daniel Jiménez, esta fórmula no es atractiva. «En definitiva, para los privados, es una apuesta muy arriesgada. Es probable que el mayor interés provendrá de inversionistas semi estatales asiáticos», sostiene.
Según un cálculo de Juan Francisco Sánchez, socio de Valdivia Lega, en los salares estratégicos, que abarcan aproximadamente el 49% de la superficie superficie de los salares del país, existe una deliberada preferencia por la explotación por parte de sociedades del Estado en que Codelco o Enami sean accionistas mayoritarios, 30% de la superficie será protegida y desde allí no podrá extraerse litio alguno, «con lo cual solo el 19% de la superficie está teóricamente abierta a la explotación por una sociedad controlada por privados y con participación minoritaria estatal».
De acuerdo al experto, esta «preferencia» infringe el principio de neutralidad competitiva, pues el Estado y los privados deben competir con las mismas reglas y con una ley de quorum calificado que autorice la constitución de filiales», puntualiza.
Desde el Ministerio de Minería, mediante una declaración por escrito, desestiman que exista una ventaja estatal en los anuncios entregados ayer.
Exponen que «los privados tienen espacio en toda la estrategia, en los salares en que participan las empresas públicas, son éstas las que deberán garantizar que la búsqueda de socios sea de la manera más transparente y competitiva posible, viabilizando los proyectos técnicos».
Agregan que en el caso de los salares que no tienen como requisito para su explotación la participación del Estado, el mecanismo de adjudicación se determinará en función de la información que se disponga una vez cerrado el proceso de RFI.
Fuente: La Segunda