Las reformas proinversión que impulsa Argentina buscan reposicionar al país como destino para proyectos mineros de gran escala. Su efecto dependerá de la estabilidad institucional que logren y podría reordenar los flujos de capital en la región, con implicancias para Chile.
La reciente visita del presidente electo José Antonio Kast, a su par argentino Javier Milei en Buenos Aires fue leída en el sector minero nacional como una señal de acercamiento político entre ambos países, justo en el momento que Argentina impulsa profundas reformas para atraer inversión extranjera.
Si bien aún es temprano para hablar de una reactivación formal de la agenda binacional, la coincidencia de gobiernos ideológicamente afines y la entrada en vigencia en Argentina del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) abre un nuevo escenario con posibles efectos tanto en la competencia por capital minero como en las opciones de una mayor integración minera, especialmente en proyectos de cobre fronterizos, según analistas consultados por “El Mercurio”.
El RIGI busca brindar estabilidad tributaria y cambiaria por hasta 30 años, junto con beneficios en IVA, aranceles y reglas de remisión de utilidades, en un sector marcado por inversiones intensas en capital y largos plazos de recuperación, tomando en cuenta que Argentina concentra recursos aún subexplotados y comparte distritos geológicos con Chile a lo largo de la cordillera.
“Lo razonable no es ver estas reformas como una amenaza para Chile, sino como un complemento. Si Argentina logra estabilizar su macroeconomía y sostener estos mercados en el tiempo, la plataforma andina Chile-Argentina se vuelve más competitiva frente a otros polos mineros globales”, plantea Cristián Cifuentes, analista Senior del Centro de Estudios del Cobre y la Minería (Cesco).
Ordenar la casa
Más allá del giro proinversión que supone el RIGI, el principal desafío para Argentina sigue siendo convertir el cambio normativo en estabilidad efectiva y sostenida, coinciden los expertos. El nuevo régimen apunta precisamente a proyectos mineros de gran escala, especialmente cupríferos, con horizontes de 25 a 30 años y Capex que van desde los US$3.000 millones por proyecto hasta del orden de los US$12.000 millones en el desarrollo de distritos completos, como los ubicados en la provincia de San Juan, incluido Vicuña.
Sin embargo, el atractivo de estos incentivos convive con un historial de volatilidad macroeconómica, ciclos electorales cortos y una percepción de riesgo país que sigue pesando en las decisiones de inversión, especialmente para compromisos de largo plazo, según Víctor Delbuono, investigador del think tank argentino Fundar.
“El RIGI introduce condiciones mucho más competitivas para el cobre, ofreciendo estabilidad por 30 años y la posibilidad de remitir utilidades, que era la principal demanda de los inversionistas. Pero ningún régimen funciona por sí solo si no se consolida en el tiempo y si la macroeconomía y la institucionalidad no acompañan”, advierte.
Incentivos versus confianza
En la práctica, las decisiones de inversión minera dependen de la confianza en reglas estables durante todo el proyecto. Chile destaca frente a Argentina por su mayor grado de inversión, un marco regulatorio más predecible y una industria minera consolidada, según Antonia Godoy, analista de Asuntos Regulatorios y de Políticas Públicas de Plusmining.
“En minería, los incentivos fiscales y la estabilidad institucional son complementarios. Un régimen atractivo pierde valor si los inversionistas perciben que podía modificarse ante un cambio de gobierno. En una industria de largo plazo como esta, la previsibilidad del marco regulatorio es una condición esencial para que los incentivos tengan efecto real y sostenido”, señala.
Desde la perspectiva chilena, las reformas argentinas se traducen en un reordenamiento del flujo de inversión, donde parte del capital “marginal”, es especialmente en exploración y proyectos Greenfield, podría mirar con mayor interés el norte argentino, impulsada por incentivos y menores costos relativos. Sin embargo, en proyectos de gran escala ubicados en la franja fronteriza, la discusión se desplaza desde la competencia directa hacia la complementariedad productiva.
Según un estudio desarrollado por Cesco y Fundar, se estima que la cartera binacional de proyectos en zonas como San Juan, Atacama y Coquimbo involucraría inversiones superiores a US$18.000 millones, cerca de 80.000 empleos en fase de construcción y un aumento potencial de las exportaciones mineras de 8% para Argentina y 1,8% para Chile, siempre que exista coordinación en infraestructura, logística y servicios, según Cifuentes.
“No estamos frente a un juego de suma cero. Incluso cuando el mineral se extrae del lado argentino, una parte relevante del valor puede generarse en Chile, a través de servicios especializados, logística, puertos o incluso fundiciones, como muestran los encadenamientos estimados para proyectos como Filo del Sol, Josemaría o Los Helados-Lunahuasi”, agrega el experto de Cesco.
Los cuellos de botella
Aunque existe interés en un ambiente político favorable, la integración minera binanacional enfrenta desafíos como la falta de infraestructura regional, diferencias regulatorias y ambientales, y el complejo esquema federal argentino. Además, gestionar impactos transfronterizos requiere coordinación en temas como cuencas hídricas, infraestructura y relaciones comunitarias; sin esto, crece la incertidumbre regulatoria y se retrasan inversiones a largo plazo.
“El desafío hoy es pasar de la cooperación formal a una coordinación efectiva entre Estados y actores privados. La integración minera requiere alinear criterios regulatorios, ambientales y tributarios, además de gestionar las tensiones propias del esquema federal argentino”, señala Godoy, de Plusmining.
Delbuono coincide al agregar que “estos proyectos superan ampliamente los ciclos políticos. Sino se construye institucionalidad que perdure más allá de los gobiernos de turno, con reglas claras, coordinación ambiental y gobernanza compartida, la integración seguirá siendo una promesa más que una realidad productiva”.
Fuente: El Mercurio