El alza del precio del cobre volvió a instalar una pregunta clave: si el metal sube con fuerza, ¿las regiones mineras reciben más recursos por concepto de Royalty? La respuesta oficial del Ministerio de Hacienda es clara: no.
Por Camila Bejarano
Desde la cartera explicaron que los recursos del gravamen sectorial que se destinan a regiones y comunas no dependen de los ingresos del metal en tiempo real.
En el caso de los gobiernos regionales, el cálculo está definido en el artículo cuarto de la Ley 21.591, que creó el nuevo Royalty. La norma establece que se debe destinar al Fondo Regional para la Productividad y el Desarrollo el equivalente en pesos a 275.500 Unidades Tributarias Anuales (UTA), según su valor al 31 de diciembre del año calendario anterior, lo que equivale a unos US$270 millones. Ese monto se entrega cada año y está asegurado por nueve años. A partir del cuarto año puede ser suplementado por recursos definidos en la Ley de Presupuestos.
En palabras simples, las regiones tienen un monto garantizado por ley: no sube ni baja automáticamente si el cobre está en US$4 o en US$6 la libra.
En el caso de las comunas, la lógica es similar. La Ley 21.591 fija que el Fondo de Comunas Mineras considera un aporte fiscal equivalente a 2.500.000 UTM, que corresponde a unos US$205 millones. Ese dinero se distribuye principalmente entre comunas con mayor dependencia del Fondo Común Municipal o con menores ingresos propios. Por lo tanto, tampoco existe un vínculo directo entre el precio del cobre y lo que reciben las municipalidades, explican en Hacienda.
Cómo cambió la distribución del Royalty hacia las regiones
Para Fiorella Ulloa, jefa del área de política regulatoria de Plusmining, sí es posible comparar el antes y el después del Royalty, pero con una precisión relevante.
“Antes del Royalty, las regiones mineras no recibían recursos directos ni diferenciados por la actividad minera. Los ingresos del cobre iban al fisco central y se redistribuían de manera general, sin vínculo claro ni trazable con los territorios donde se extrae el mineral”, explica.
Con la nueva ley, dice, la situación es distinta. “Con el Royalty actual (de 2022) eso cambia. Desde 2024 existen fondos territoriales específicos. En particular, la ley creó dos mecanismos principales de distribución: el Fondo Regional para la Productividad y el Desarrollo y dos fondos de beneficio municipal, el Fondo de Compensación a Comunas Mineras y el Fondo de Equidad Territorial, que aseguran transferencias directas, permanentes y predefinidas a regiones y comunas, especialmente a las comunas mineras”.
Los montos ya están definidos en la Ley de Presupuestos 2025. En el caso del Fondo Regional para la Productividad y el Desarrollo, Antofagasta recibe $13.868 millones, Tarapacá $10.630 millones y Atacama $10.494 millones. En el caso de la Región Metropolitana, concentra $30.058 millones.
En los fondos municipales, Antofagasta suma $17.893 millones entre el Fondo de Equidad Territorial y el Fondo de Comunas Mineras; en tanto, Tarapacá recibe $8.156 millones y Atacama $12.701 millones.
En términos presupuestarios, el aporte del Royalty a través del FRPD representa alrededor de un 13% del presupuesto regional en Tarapacá, cerca de un 10% en Antofagasta y en torno a un 10% en Atacama. “Más allá del porcentaje, lo importante es que se trata de un ingreso estructural: está establecido por ley y se incorpora todos los años al presupuesto regional”, explica Ulloa.
Y coincide con Hacienda en que “no necesariamente existe un traspaso automático entre un mayor precio del cobre y una mayor capacidad de inversión regional en el mediano plazo. Esto se debe a que los recursos que reciben las regiones a través del Royalty no dependen directamente del precio del cobre, ya que sus montos están definidos con anticipación en la Ley de Presupuestos con una proyección de largo plazo, del orden de nueve años”.
Eso sí, reconoce un punto clave: “Un mayor precio del cobre eleva los ingresos fiscales agregados del país, incluyendo los impuestos asociados al Royalty que pagan las compañías mineras, lo que puede ampliar el espacio fiscal general. Sin embargo, que ese mayor espacio se traduzca en más recursos para las regiones no es automático, sino que depende de decisiones presupuestarias y de política fiscal a nivel central”.
Dónde impacta el precio del cobre en las regiones
Juan Ignacio Guzmán, economista y CEO de GEM Mining Consulting, detalla cuánto puede aumentar la recaudación cuando sube el cobre y entrega cifras concretas.
“Por cada centavo de dólar por libra que sube el precio del cobre, eso es equivalente a aproximadamente US$22 por tonelada de cobre vendido. Ahora, considerando que Chile produce entre 5,3 y 5,7 millones de toneladas de cobre fino al año, por cada centavo o US$22 por tonelada que sube el precio, Chile aumenta sus ventas brutas o exportaciones de cobre en alrededor de US$120 millones a US$130 millones al año. Según estimaciones de la Dipres, eso equivale a que entren al fisco alrededor de US$30 millones al año, en un rango entre US$25 y US$40 millones, dependiendo de los costos de las empresas y otras variables”.
“Y en cuanto a la Ley 21.591, básicamente por cada centavo de dólar por libra, dependiendo de una serie de factores, en general el rango de aporte al Royalty es de aproximadamente entre US$8 millones y US$15 millones por cada centavo que el precio sube”.
“Si se compara un precio de US$4,5 la libra con uno en torno a US$6 la libra —es decir, 150 centavos más—, eso podría significar ingresos adicionales por entre US$18.000 millones y US$21.000 millones en exportaciones y mayores ingresos para el fisco del orden de US$4.500 millones”, detalla.
Para ponerlo en contexto, la reforma tributaria que no prosperó en este gobierno buscaba recaudar US$3.000 millones. “Y, por otro lado, el presidente electo Kast ha planteado reducir el gasto fiscal en US$6.000 millones al año. Por lo tanto, US$4.500 millones es una cifra muy significativa en términos del Royalty”, calcula Guzmán.
Además, estos 150 centavos adicionales por libra, de mantenerse, “podrían sumar entre US$1.500 millones y US$2.000 millones extra respecto de lo estimado con un precio de US$4,5 la libra. Si consideramos que el presupuesto del Fondo de Estabilización es de alrededor de US$450 millones anuales en régimen, estamos hablando de ingresos extraordinarios muy relevantes”, indica el experto.
Entonces, mientras los fondos regionales están definidos por ley en montos relativamente estables, el efecto fiscal.
Cómo se destinan los recursos
La clave no solo está en cuánto llega, sino en cómo se usa. Álvaro Merino, director ejecutivo de Núcleo Minero, recuerda que el Fondo de Comunas Mineras y el Fondo de Equidad Territorial entraron en vigencia el 1 de enero de 2025 y suplementan el Fondo Común Municipal.
En 2024, el Fondo de Compensación a Comunas Mineras benefició a 44 municipios, con transferencias por $22.891 millones. En el primer semestre de 2025 ya había transferido $26.360 millones.
El FET, en tanto, entregó en 2024 alrededor de $70.755 millones y en el primer semestre de 2025 transfirió $82.953 millones a 301 comunas. En total, las comunas recibieron más de $218.000 millones en 2025 por estos fondos.
Sin embargo, según datos de la Contraloría actualizados a septiembre de 2025, de los 307 municipios que recibieron recursos del Royalty, 164 cumplieron con reportar a la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (53%), 134 no cumplieron (44%) y nueve lo hicieron parcialmente (3%).
Merino es crítico respecto del destino de los recursos. Según un informe del Consejo para la Transparencia de septiembre de 2025, el 37% de los fondos 2024 se destinó a iniciativas de inversión, 23% a bienes y servicios de consumo, 18% a transferencias corrientes, 12% a adquisición de activos no financieros y 8% a gastos en personal.
El director ejecutivo de Núcleo Minero es enfático: “No se está cumpliendo con el espíritu de la Ley 21.591, cuyo propósito es precisamente compensar las brechas presupuestarias existentes entre los municipios —en el caso del Fondo de Equidad Territorial— y, respecto del Fondo de Comunas Mineras, compensar las externalidades de la actividad minera en esas comunas”.
En síntesis, “estos recursos deben destinarse a promover la inversión, el desarrollo y mejorar la calidad de vida de las comunidades”, enfatiza Merino.
GORE Antofagasta rechaza críticas por ejecución de recursos
En una reciente entrevista en el diario Financial Times, Marcela Hernando dio fuertes declaraciones y sostuvo que “los gobernadores no saben qué hacer con la plata del Royalty y que se está apostando”, dejando dudas sobre la ejecución de estos recursos.
Palabras que tuvieron réplica en Antofagasta. El gobernador Ricardo Díaz salió al paso de esas declaraciones y defendió la gestión de los fondos. “Los dichos de la diputada electa Marcela Hernando son un error y demuestran una falta de conocimiento o información, pues fue el mismo Poder Legislativo el que definió en qué y cómo gastarse esos recursos”, asevera.
Díaz sostiene que los recursos del Royalty no solo forman parte relevante del presupuesto regional, sino que además muestran altos niveles de ejecución. A su juicio, las cifras oficiales contradicen la idea de que los fondos están sin uso o acumulados.
“Los dineros del Royalty se destinan a los gobiernos regionales, representan cerca del 13% de los ingresos que tienen para sus programas de inversión y, si uno revisa cuál fue la ejecución presupuestaria del año 2025, el promedio de ejecución total es de un 95,9%. Por lo tanto, los recursos del Royalty sí se han ocupado y se han invertido con los fines que la ley señala, porque en el mismo articulado la ley indica cuál es el destino de estos fondos y especifica en qué invertirlos: desarrollo productivo, innovación y desarrollo del territorio. Por lo tanto, la evidencia es clara y contundente”.
Como ejemplo concreto, el gobernador menciona iniciativas que ya están en marcha en la región y que —asegura— se financian con recursos del Royalty.
“En la Región de Antofagasta, por ejemplo, se están ejecutando programas de capacitación de especialistas médicos, quienes resolverán las tremendas inequidades y brechas históricas que hay en salud, así como todos los programas de investigación y desarrollo en que se están abordando las nuevas vocaciones productivas, como el hidrógeno verde o la minería 4.0, energías limpias, entre otras, que se financian con fondos del Royalty”.
Fuente: Diario Financiero