En un artículo publicado en la revista especializada Copper Worldwide, en su volumen 15, número 2, página 3, se analizan diferentes opiniones de expertos relacionadas con la permisología.
Se necesita una revisión más profunda
19 DE ABRIL – La excesiva burocracia en la obtención de permisos para proyectos es una preocupación creciente en las industrias minera y energética, como expone un excelente trabajo del medio chileno La Tercera.
Sebastián Herrera, socio de Lathrop Mujica Herrera y Diez Abogados y exjefe de la División de Desarrollo Sostenible del Ministerio de Minería, señala:
“Según la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad, un nuevo proyecto minero demora aproximadamente siete años en obtener todas sus aprobaciones, mientras que datos del SEA indican que solo la calificación ambiental de un Estudio de Impacto Ambiental toma cerca de 1.000 días. Muchos de estos cuellos de botella no requieren nuevas leyes, sino mejoras urgentes en la gestión: simplificar y digitalizar los procedimientos, implementar ventanillas únicas y fortalecer la coordinación interna del Estado. También es necesario avanzar hacia una regulación basada en riesgos, como recomienda la OCDE”.
Fiorella Ulloa, jefa de asuntos regulatorios y de políticas públicas en la consultora Plusmining, señala:
“Un nuevo proyecto de minería metálica que implique relaves u otras obras hidráulicas mayores puede tardar hasta 138 meses en completarse si requiere una Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), debido a la secuencialidad de los trámites, las altas tasas de rechazo en permisos clave –como los otorgados por CONAF y las Seremis de Salud–, y riesgos como hallazgos arqueológicos o judicialización de la Resolución de Calificación Ambiental (RCA)”.
Winston Alburquerque, socio del estudio jurídico Vergara, Galindo, Correa (VGC), explica:
“Si clasificáramos las etapas necesarias para desarrollar un proyecto minero o energético, estas caerían en tres categorías: concesiones mineras y eléctricas (el ‘qué exploto’), uso de suelo y permisos ambientales y sectoriales (el ‘cómo lo exploto’). Las dos primeras funcionan de forma relativamente fluida, pero el cuello de botella se presenta en la tercera: el permiso ambiental principal, que es la RCA, y los permisos sectoriales que dependen de ella. El foco debe estar en establecer mecanismos más rápidos y eficientes mediante plataformas digitales dentro de la administración, que permitan una tramitación ágil. El problema no es la permisología en sí, sino la falta de mecanismos adecuados para su tramitación y fiscalización”.
Rodrigo Ropert, asesor senior en Aninat Abogados, añade:
“Algunos proyectos de gran escala, particularmente en minería, enfrentan evaluaciones extremadamente complejas, lo que eleva los costos y plazos de tramitación. Si se suma la oposición comunitaria, esto deriva en litigios administrativos y judiciales, extendiendo significativamente los plazos para tener certeza de que el permiso ambiental no será revocado, lo que desincentiva la inversión”.
Cita como ejemplo el proyecto Los Bronces Integrado, de US$ 2.500 millones en la Región Metropolitana, cuyo EIA fue ingresado al SEIA en 2019, rechazado inicialmente en 2022 y luego aprobado por el Consejo de Ministros en 2023. Sin embargo, aún hay múltiples recursos judiciales pendientes de resolución por parte del mismo consejo.
María Luisa Baltra, abogada y profesora en la Universidad Católica y la Universidad Finis Terrae, comenta:
“Algunas de las normativas propuestas han sido diseñadas sin comprender las realidades regionales del país. Da la impresión de que los cambios se piensan para grandes empresas y proyectos de alto perfil, más que para quienes desarrollan actividades económicas de menor escala que también aportan al crecimiento nacional, y que muchas veces ni siquiera requieren estos permisos pero igual se ven afectados por los cambios regulatorios”.
Para abordarlo, sostiene:
“Se requiere una revisión más profunda: analizar cómo están funcionando las instituciones encargadas del otorgamiento de permisos ambientales, si cuentan con el personal suficiente, presupuestos para mejorar su infraestructura, y claridad sobre sus necesidades. Solo así se pueden hacer cambios apropiados, porque modificar las normas sin entender completamente el problema podría no lograr los objetivos buscados”.
Agilizar es fundamental
2 DE JUNIO – “En Chile y en toda Sudamérica, los retrasos en permisos son un cuello de botella importante para la inversión minera. Solo en Chile existen más de 300 permisos –63 de ellos críticos–, según la Comisión Nacional de Productividad. El sistema está fragmentado, obsoleto y genera alta incertidumbre. A nivel mundial, toma más de 16 años llevar una mina desde el descubrimiento hasta la producción, de los cuales 12 años se dedican a exploración, estudios y obtención de permisos. Agilizar la permisología es esencial para asegurar los minerales que requiere la transición energética”, afirma Juan Carlos Guajardo, Director Ejecutivo de Plusmining. www.plusmining.com
Fuente: Copper Worldwide Magazine