Por Juan Cristóbal Ciudad
Luego de varios meses en los que el mercado estuvo progresivamente influido por la posibilidad de nuevos aranceles al ingreso de cobre a Estados Unidos, el pasado 30 de julio el presidente Trump confirmó la imposición de un arancel del 50%.
Esta medida, en línea con los gravámenes ya existentes para el acero y el aluminio, se aplicará a productos semifacturado de cobre utilizados en la fabricación de productos finales con contenido de cobre.
Un aspecto clave a considerar es que en 2026 se revisará el estado del mercado del cobre, por lo que esta decisión podría ser modificada. La recomendación inicial del Departamento de Comercio proponía un arancel más gradual: 15% para el cobre refinado a partir de 2027 y 30% desde 2028, mientras que para los productos semi facturados la recomendación original era de un 30%.
La exclusión del cobre refinado de esta primera ronda de aranceles parece reflejar la influencia de la industria manufacturera estadounidense, que habría alertado sobre el impacto negativo de encarecer esta importante materia prima. Una arancel al cobre refinado habría dejado a los fabricantes locales en Clara desventaja frente a sus competidores internacionales, especialmente de China.
La medida adoptada logra, al menos inicialmente, proteger a la industria manufacturera estadounidense sin aparentemente afectar a la minería global, que de otro modo habría enfrentado una caída en la demanda por parte de Estados Unidos y la necesidad de redireccionar sus exportaciones hacia otros destinos.
Junto a los aranceles, se implementaron otras medidas menos difundidas en los medios, pero de gran relevancia, dirigidas a fortalecer la cadena de valor estadounidense. Entre ellas, destaca la obligación de qué el 25% de la chatarra de cobre de alta calidad producía en Estados Unidos sea comercializada internamente, mejorando el acceso a este insumo para fabricantes y refinadores secundarios. El Departamento de Comercio también recomendó establecer licencias de exportación para este tipo de chatarra, a fin de asegurar el abastecimiento interno.
Otra disposición relevante es que un porcentaje creciente de distintos productos de cobre (mineral, concentrados, cátodos y ánodos) también deberá venderse en el mercado doméstico: comenzando con un 25% en 2027, subiendo a 30% en 2028 y alcanzando un 40% en 2029. Estas medidas buscan fortalecer la capacidad de refinación nacional, garantizando insumos a precios competitivos y promoviendo la expansión de las operaciones locales.
Cabe recordar que Estados Unidos presenta un déficit estructural de cobre refinado, con una derecha de aproximadamente 800.000 t anuales que son cubiertas mediante importaciones de gatos (principalmente desde Chile, además de Canadá, Perú, República democrática del Congo, entre otros). Aún así, también es un exportador neto de concentrados y chatarra, lo que, de procesarse internamente, podrían cerrar en parte esa brecha y llevar al país hacia el auto abastecimiento.
Para lograrlo, se requeriría invertir en una nueva capacidad de procesamiento, tanto primaria como secundaria, lo que tomará varios años una vez tomada la decisión de inversión. Pero ello depende, en gran medida, de que estos “incentivos” (como la restricción a las exportaciones) se han percibidos como medidas permanentes y predecibles.
Ya se observan señales claras de adaptación. Por ejemplo, en sus reportes del segundo trimestre de 2025, empresas como Freeport indicaron estar evaluando el nuevo escenario; mientras que Grupo México, a través de su filial a estadounidense Asarco, está considerando la expansión de operaciones mineras, la reapertura y ampliación de la fundición de Hayden, y la modernización de la refinería de Amarillo.
Hasta ahora, el escenario parece favorable para los países que exportan cobre refinado, como Chile, que no se ven directamente afectados por los aranceles. Sin embargo, de mantenerse estas políticas en el tiempo, la tendencia será hacia una reducción gradual de las importaciones, en la medida que Estados Unidos incremente su capacidad de procesamiento interno.
Además, la obligación de vender un porcentaje del cobre dentro del país genera una baja artificial del precio para la industria estadounidense, lo que constituye un beneficio indirecto a los fabricantes locales y una presión competitiva para los proveedores internacionales.
Frente a este panorama, las empresas mineras deben mantener sus esfuerzos de diversificación de mercados, ya que la tendencia en Estados Unidos parece apuntar no sólo a proteger a la manufactura, sino también avanzar hacia el auto abastecimiento de cobre en toda la cadena productiva.
Fuente: Minería Chilena