Hoy las inversiones enfrentan tiempos de aprobación superiores a los mil días, debido a regulaciones más estrictas, una mayor participación de comunidades y un alza en la cantidad de directrices.
Regulaciones más estrictas, la incorporación de la participación ciudadana y de la consulta indígena, además del crecimiento de directrices administrativas, han resultado en que el tiempo de aprobación de grandes proyectos mineros de cobre aumentara desde alrededor de 300 días en 2008 hasta más de 1.000 días en la actualidad, según un estudio de Plusmining.
Considerando todos los proyectos mineros (de cobre, oro, litio, hierro, etc.), el tiempo promedio de tramitación de Estudios de Impacto Ambiental (EIA) se eleva desde un rango de 250 a 300 días entre 2000 y 2006, hasta un rango de entre 1.000 y 1.250 días en los últimos tres años.
En el caso de las Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA), el plazo de aprobación promedio era de entre 75 y 200 días en el período 2000 a 2006. En los últimos tres años, estos proyectos son aprobados entre 300 y 420 días.
La iniciativa con el tiempo de tramitación más extenso desde el año 2000 ha sido la continuidad operacional de Minera Cerro Colorado, que demoró 3.085 días (más de ocho años) para su aprobación. Le sigue el proyecto minero portuario Dominga, de Andes Iron, cuya tramitación demoró 2.890 días. Un tercer proyecto que ha demorado más de 2.000 días en aprobarse fue el de modificaciones al sistema de estanques de evaporación solar en el Salar de Atacama, de Albemarle, que tardó 2.446 días (seis años y medio).
Desde el año 2000 hasta agosto de este año, se han aprobado 97 EIA y 851 DIA del sector de la minería. Aunque hay más declaraciones aprobadas, en términos monetarios el 65% de la inversión total, ajustada a dólares de 2025, corresponde a proyectos que presentaron un estudio de impacto ambiental.
Las razones detrás del aumento de los plazos
El aumento de los plazos de tramitación ambiental responde a la complejidad que ha alcanzado el proceso. Parte del alza se debe a que en 2013 se introdujeron exigencias estructuradas de línea base y requisitos más detallados de evaluación de impactos, explica Andrés González, encargado del área de análisis de la industria minera de Plusmining. Por ejemplo, los proyectos deben incluir información más profunda y amplia de línea base (como biodiversidad, hidrología e impactos acumulativos), lo que implica evaluaciones y análisis más extensos.
Otra consecuencia de la modificación es que, a partir de 2013, se observa una disminución en la presentación y aprobación de DIA. Ello obedece principalmente a la prohibición del fraccionamiento de proyectos. Desde Plusmining señalan que algunos titulares solían presentar distintas partes de un mismo proyecto como iniciativas separadas, lo que permitía evitar la obligación de presentar un EIA y optar por DIA más simples y rápidos.
“Si bien las mayores regulaciones han contribuido a un desarrollo de proyectos más armónico y respetuoso con el medio ambiente y las comunidades, en algunos casos también han generado mayores exigencias hacia las distintas entidades evaluadoras del SEA, lo cual en ocasiones conlleva duplicidades de funciones. Esto ha producido cuellos de botella y, en consecuencia, mayores tiempos de tramitación”, afirma González.
La mayor participación de las comunidades, a través de la participación ciudadana y la consulta indígena, también ha contribuido a alargar los procesos. “Recordemos que en septiembre de 2008, Chile quedó sujeto a las obligaciones del Convenio 169 de la OIT, estableciendo la obligación de consultar a los pueblos indígenas cuando existan medidas que los afecten”, señala González.
El auge de las guías
A esta situación se suma el crecimiento en la cantidad de guías e instructivos del SEA que deben considerar los proyectos de inversión antes de presentarse a tramitación ambiental. “En años recientes hemos visto un crecimiento explosivo en las guías y criterios técnicos del Servicio de Evaluación Ambiental. Si bien no son jurídicamente vinculantes, muchas operan como regulaciones de facto y se han convertido en una fuente de discrecionalidad, provocando inconsistencias según el evaluador”, señala González. Es más, desde marzo de 2022 en adelante se han publicado más de 50 guías, instructivos y criterios de evaluación que siguen vigentes.
“Desde un punto de vista corporativo, a mayor tiempo de obtención de permisos, menor es el valor presente neto del proyecto. Esto ocurre porque los flujos de caja esperados se trasladan hacia el futuro, reduciendo su valor presente. El impacto económico puede ser sustancial. Incluso se corre el riesgo de que el proyecto no se materialice en el caso de que las condiciones tecnológicas, de mercado o de otra índole hayan cambiado sustancialmente al momento en que la empresa va a tomar la decisión final de inversión”, comenta González.
Fuente: El Mercurio