Chile ha presentado una amplia legislación para reactivar el crecimiento y destrabar la inversión minera mediante recortes tributarios, incentivos laborales y una aceleración en los procesos de permisos.
Por Cecilia Jamasmie
El Proyecto de Ley de Reconstrucción Nacional y Desarrollo Económico, presentado al Congreso el 22 de abril, busca revertir años de expansión lenta y posicionar a la minería como un pilar central de la recuperación, con el gobierno proyectando que el PIB podría aumentar un 8,18% en una década.
El presidente José Antonio Kast, quien asumió el cargo en marzo, enmarcó la reforma en la necesidad de recuperar la competitividad, apuntando a los altos impuestos, los retrasos regulatorios y la incertidumbre legal que han limitado la inversión.
En el núcleo del paquete se encuentra una reducción gradual de la tasa del impuesto corporativo desde el 27% al 23% para 2029, junto con una rebaja para las pequeñas y medianas empresas al 23% a partir de 2030. Las reformas también restablecen un sistema tributario totalmente integrado, eliminando la doble imposición sobre las utilidades distribuidas, e introducen un régimen de invariabilidad tributaria de 25 años para grandes proyectos, protegiendo a los inversionistas de futuros aumentos de regalías y nuevos gravámenes específicos del sector.
El proyecto combina la reforma tributaria con un crédito anual al empleo de 1.400 millones de dólares, que se espera apoye a unas 235.000 pymes que emplean aproximadamente a cuatro millones de trabajadores, además de ofrecer incentivos para la repatriación de capitales y alivio temporal del IVA en la venta de viviendas nuevas. También incluye financiamiento para la reconstrucción de más de 1.000 viviendas destruidas por recientes incendios forestales y medidas para reducir los tiempos de aprobación de grandes proyectos que actualmente superan los 1.000 días.
“No vinimos aquí a repetir el ciclo anterior; vinimos a romperlo”, dijo Kast, al delinear metas de crecimiento anual del PIB del 4%, desempleo del 6,5% y un retorno al equilibrio fiscal estructural para 2030.
Miles de empresas se verían beneficiadas
Las reformas se presentan en un contexto de crecimiento moderado —Chile creció un 2,5% en 2025 y se prevé que crezca un 2,2% en 2026—, mientras más de 800.000 personas buscan empleo y el desempleo juvenil sigue siendo elevado. La inflación se ha reducido al 2,4%, lo que ha permitido al banco central mantener las tasas en 4,50%, y las acciones han repuntado, con el IPSA (Índice de Precios Selectivo de Acciones) alcanzando un máximo histórico tras la asunción de Kast.
Los partidarios sostienen que la reducción del impuesto corporativo beneficiará a unas 150.000 empresas que representan más de la mitad del empleo formal y el 90% de la inversión, pero los críticos señalan que el plan favorece a los más ricos y podría erosionar los ingresos públicos.
El proyecto ahora pasa al Congreso, donde el gobierno no cuenta con mayoría y deberá asegurar el apoyo de partidos más pequeños para aprobar la legislación.
“El proyecto aborda directamente las barreras estructurales que han limitado la inversión minera en Chile durante años”, señaló Fiorella Ulloa, jefa de asuntos de política y regulación en la consultora Plusmining.
Ulloa destacó que el régimen de invariabilidad a 25 años representa el paso más significativo de Chile para restablecer la certeza jurídica desde la derogación del DL 600, emitido por el gobierno militar en 1974, situándolo al nivel del RIGI de Argentina y los acuerdos de estabilidad de Perú.
El marco establecería un tope de carga tributaria efectiva del 35% para inversionistas extranjeros, fijando regalías, patentes mineras y otros gravámenes. Combinado con menores impuestos corporativos, permite a los inversionistas asegurar una tasa impositiva decreciente en el tiempo, fortaleciendo la competitividad de Chile en la región.
Un giro hacia la inversión
El paquete señala un giro decidido hacia políticas proinversión, con permisos más rápidos, certeza tributaria e incentivos laborales destinados a restaurar la posición de Chile como un destino líder para la minería.
Aun así,Ulloa advirtió que el impacto de las reformas en permisos dependerá de su implementación. Medidas como límites a las rondas de revisión ambiental, restricciones a medidas cautelares y plazos para aprobaciones arqueológicas abordan cuellos de botella conocidos, pero reformas anteriores a menudo se han diluido en la práctica. La incertidumbre legal en torno a litigios ambientales y vacíos en el marco del Servicio de Biodiversidad podrían seguir afectando los plazos de los proyectos.
Indicó que es probable que el proyecto sea aprobado, pero enfrentará modificaciones en el Congreso, particularmente en el Senado. Si bien se esperan ajustes, el principal riesgo para los inversionistas sería cualquier debilitamiento del marco de certeza tributaria, incluido períodos de estabilización más cortos o cambios en la cobertura de regalías. Incluso con modificaciones, su aprobación sería una señal positiva, aunque retrasos en el proceso legislativo podrían prolongar la incertidumbre y ralentizar las decisiones de inversión.
Fuente: Mining.com