Un estudio de Plusmining discrepa de algunas conclusiones asociadas al argumento sobre el “valle productivo”.
By Tomás Vergara
Un eje esencial de la estrategia nacional del litio del Gobierno es el salar de Atacama, mediante su operación conjunta entre SQM y la estatal Codelco.
No obstante, un reciente estudio elaborado por la consultora Plusmining para sus clientes – y que ahora se libera al público – concluyó que en esa transacción SQM estaría pagando “poco” en comparación con otros negocios que se han cerrado recientemente en la industria global del litio.
Para llegar a este punto, desde la consultora evaluaron la oferta realizada, en proporción al Valor Presente Neto del activo (VAN), sosteniendo que SQM pagaría unos US$ 2.400 millones por la operación en el salar de Atacama hasta el 2060, lo que equivale al 45% de los retornos estimados.
Por ejemplo, en 2023, Albemarle ofreció el 59% del VAN por Kathleen Valley a Liontown, o la china Ganfeng pagó 79% del VAN en la adquisición de Lithea. Otros casos son los de Zijin y Lithium Americas, que pagaron el 84% y el 55% por Tres Quebradas de Neo Lithium y Pastos Grandes de Millennial Lithium, respectivamente.
La excepción también se aplica a Codelco, que solo pagó el 22% del VAN del proyecto Salar Blanco de LPI, lo que se explicaría porque dicha empresa no contaba con un CEOL que permitiera explotar todas sus pertenencias.
El director ejecutivo de Plusmining, Juan Carlos Guajardo, agrega que este análisis solo considera los antecedentes actuales, y no eventuales actualizaciones que permitan mejoras de recuperación, o mejoras tecnológicas que podrían incluso subir la producción y que conducirían a un mayor valor de este activo.
“El tema de la cuota adicional que se entrega antes del 2030 previo vencimiento de este contrato (con Corfo), es un ingreso adicional para SQM que le permite incluso afrontar mejor esta adquisición del recurso de 2031 al 2060. Entonces tampoco tiene una lógica muy clara de por qué se realiza. Es posible que la motivación de poner a una empresa estatal en la producción de litio lo antes posible haya incidido en estas condiciones”, detalla.
Licitación y valle productivo
La consultora indica que hubiese sido más ventajoso para el Estado lanzar una “licitación pública y transparente”, que, por ejemplo, permitiera descubrir t el real valor que el mercado le atribuye al salar de Atacama, en vez de una negociación directa entre dos partes. “Una licitación por el salar de Atacama podría haber terminado en un número incluso que podría sorprender, por el interés que genera este activo en el mundo”, señala Guajardo.
Ante parlamentarios, el presidente de Codelco, Máximo Pacheco, desestimó que una licitación fuese la mejor idea. “Nos puede significar cuatro o cinco años de no producción de litio y eso naturalmente tiene un peso cualitativo”, dijo el 10 de enero.
La justificación es que SQM pudo acelerar su producción en el denominado “valle productivo” y luego dejar sin explotar el salar hasta el fin de la concesión, lo que hubiese generado un eventual detrimento fiscal.
Los defensores del acuerdo recuerdan que se hubiesen requerido de estudios, permisos y la adquisición de la planta química de SQM.
“El tema del valle productivo me parece que es una condición detrimental para los intereses del Estado. Se argumenta que las pozas se dejarían de bombear antes del término del actual con- trato, impidiendo a un nuevo operador continuar explotando desde el 1 de ene ro de 2031, pero nos parece que este es un argumento que en una negociación de este tipo no debería influir, porque el Estado es el dueño y el Estado tiene siempre la potestad de marcar las reglas que corresponden a un acuerdo de este tipo”, plantea Guajardo.
Desde el punto de vista técnico, “mantengo que se puede establecer un proceso de licitación donde se incentive el desarrollo de las pruebas de tecnologías de extracción directa y de reinyección de salmueras de forma tal de asegurar que habrá continuidad en la producción al 1 de enero de 2031”.
Respecto del futuro del acuerdo, el experto plantea dudas respecto a que se concrete, debido a que tal como ha ocurrido en intentos anteriores, existen riesgos y disputas que podrían frenar su avance. “Lamentablemente el tema ideológico ha sido un freno para el desarrollo de la industria, eso está claro. Los vaivenes, desde que se empezó a ver esto hace más de 10 años, y la falta de consenso entre diferentes gobiernos, la lentitud que impone ciertas visiones ideológicas en los avances, ya hicieron que perdiéramos oportunidades”, añade.
Otro de los aspectos analizados es la situación de Codelco, con una alta deuda y baja en la producción, que la han llevado a reducir sus aportes al fisco.
En el corto plazo, Guajardo no ve mayor cambio, pero dice que le genera dudas qué ocurrirá cuando en 2031 sea la estatal la que tome el control de la sociedad, teniendo en consideración que no tiene capacidades instaladas para operar este negocio.
Source: El Mercurio