Con el objetivo de destrabar embudos en la inversión de proyectos en suelo nacional, el gobierno lanzó en enero una reforma que busca que el país aumente el atractivo para los inversionistas, con especial foco en el ámbito minero. La encargada del Área Política y Regulatoria de Plusmining analizó los impactos que podría tener la reforma para el sector minero nacional.
En Chile impera cierta nostalgia. Las décadas del superciclo del cobre donde la libra del cobre fluctuaba cercana a los US$ 4 y donde Chile llegó a tener un 36% del total de la producción cuprífera mundial se ven como un recuerdo muy lejano.
Los actuales informes de producción del principal mineral que se extrae de suelo chileno refuerzan la idea. De acuerdo con las mediciones presentadas en el último reporte anual de Cochilco, en 2023 se produjeron 5,25 millones de toneladas métricas de cobre, una baja del 1,4% con respecto al año anterior, y por debajo de las cifras de producción que hemos existían en el país desde el año 2004.
A ojos de expertos y también a nivel de Estado, se detectó que la situación exige un giro de timón para aprovechar de mejor manera los recursos naturales del suelo nacional. Habiendo detectado el exceso de permisos para sacar adelante proyectos mineros, en enero de este año el Gobierno de Chile presentó dos reformas a la “permisología”, incluyendo una propuesta para un nuevo Sistema Inteligente de Permisos que busca simplificar los procesos de autorización sectorial, reducir tiempos y dar certezas a los inversionistas y, en segundo lugar, una evaluación Ambiental 2.0 con el propósito de modernizar y mejorar los instrumentos de gestión ambiental vigentes.
En entrevista la encargada del Área Política y Regulatoria de Plusmining, Fiorella Ulloa analizó los impactos que podría tener la reforma para el sector, con miras a destrabar efectivamente los proyectos mineros y recuperar el atractivo a la inversión.
“Aunque las políticas propuestas no resuelven por completo el desafío de la escasez de inversión, están estratégicamente enfocadas en eliminar las barreras críticas que frenan el flujo de capital. La clave del éxito radicará en la implementación efectiva de estas políticas”, enfatizó la experta.
Valoración de las iniciativas
En general, ¿cuál es su apreciación de las reformas a la “permisología” que presentó el Gobierno en enero del presente año?
Nuestra valoración de las reformas a la tramitación de permisos, introducidas por el Gobierno en enero, es constructiva. Es relevante subrayar que, pese a que estas reformas no formaban parte inicialmente del programa gubernamental, el contexto cambió radicalmente después de que el gobierno se comprometiera a seguir adelante con ellas, tras la aprobación del royalty minero. Este cambio significativo motivó al Gobierno a otorgar prioridad a la revisión de los procesos de permisos, lo que en esencia generó una mayor conciencia o puso en evidencia un problema que, hasta ese momento, no se había comprendido completamente. Esto situó la revisión de los procesos de permisos como una de las iniciativas legislativas más cruciales de este semestre, equiparándola en importancia con las reformas tributaria y previsional.
Resulta esencial resaltar el amplio consenso político que ha caracterizado este proceso. La convergencia de apoyo de diversos sectores políticos hacia la reforma subraya su pertinencia y urgencia, evidenciando un acuerdo unánime sobre la necesidad crítica de optimizar los procedimientos de permisos para los proyectos de inversión. Esta unanimidad es, indudablemente, un indicador alentador de su importancia estratégica.
En cuanto al contenido de la reforma, nuestra valoración es, en términos generales, positiva con especial atención al proyecto de ley sobre permisos sectoriales. Este proyecto aborda adecuadamente los principales desafíos asociados a la tramitación de permisos, que representan un obstáculo considerable para el desarrollo de nuevos proyectos mineros. Sin embargo, es importante subrayar la necesidad de ajustes en aspectos específicos de la propuesta, particularmente aquellos vinculados a la reforma del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). En este sentido, hay expectativas que a través del proceso legislativo, se identifiquen y se implementen las modificaciones para mejorar la reforma.
Según su experiencia, ¿cree que con esta reforma efectivamente se destraben grandes proyectos de inversión minera?
Aunque las políticas propuestas no resuelven por completo el desafío de la escasez de inversión, están estratégicamente enfocadas en eliminar las barreras críticas que frenan el flujo de capital. La clave del éxito radicará en la implementación efectiva de estas políticas. Un manejo legislativo y normativo adecuado podría acelerar significativamente los procesos de inversión, con un impacto positivo en la agilización y realización de proyectos en el sector minero.
¿El país podrá atraer más inversionistas si aplica correctamente los pasos comprometidos?
La adecuada implementación de los compromisos adquiridos en la reforma de permisos juega un papel importante en la mejora del ambiente de inversión. La eficiencia y la transparencia en la tramitación de permisos son factores decisivos para los inversionistas al momento de considerar oportunidades en diferentes lugares. Por ello, llevar a cabo con éxito estas reformas puede contribuir a hacer más atractivo el país para la inversión. Este esfuerzo por optimizar el proceso de permisos no solo facilita la iniciación de nuevos proyectos mineros, sino que además refleja el interés del país por ofrecer un entorno de negocios estable. Así, es lógico pensar que, con la correcta aplicación de las reformas, el país podría mejorar su capacidad para atraer inversiones, tanto extranjeras como locales.
Una industria desafiada
¿Cree que las principales preocupaciones de la industria minera (poca certeza jurídica, largos tiempos de espera y descoordinación de servicios) puedan ser zanjados con esta reforma?
La capacidad de esta reforma para abordar las principales inquietudes de la industria minera, como la falta de certeza jurídica, los prolongados tiempos de espera y la descoordinación entre servicios, dependerá en gran medida de cómo se maneje el proceso legislativo y de la efectividad en implementar las modificaciones necesarias. Como ya he mencionado, ambos proyectos de ley parecen estar en la dirección correcta. No obstante, ambos proyectos requieren ajustes críticos.
¿Cuáles son las actuales virtudes y desafíos de Chile para atraer inversión minera?
Chile presenta una combinación de fortalezas y desafíos en su capacidad para atraer inversión minera, aspectos cruciales que los inversionistas deben considerar cuidadosamente.
Las virtudes de Chile radican principalmente en su robusto marco regulatorio y la estabilidad jurídica que ofrece. Fundamentado en la Constitución y leyes especializadas como la Ley Orgánica Constitucional sobre Concesiones Mineras y el Código de Minería, Chile proporciona a los inversionistas un nivel significativo de certeza jurídica.
Durante el proceso constitucional de 2022, esta estabilidad experimentó fluctuaciones, pero esos temores se han mitigado, y actualmente no se anticipan cambios constitucionales a corto o mediano plazo.
En el ámbito político, Chile se distingue por sus altos estándares democráticos y una estabilidad política relativamente robusta en comparación con sus vecinos regionales, lo cual fortalece la confianza inversora. No obstante, todavía persiste cierta distancia en cuanto a la convergencia con naciones más avanzadas en términos de desarrollo.
Sin embargo, Chile enfrenta el reto del creciente descontento y la apatía entre la ciudadanía, así como una merma en la confianza hacia las instituciones. Estos problemas, de no ser abordados, tienen el potencial de desembocar en una significativa inestabilidad social a medio y largo plazo, lo cual podría impactar negativamente en el clima de inversión del país. Es imperativo que el país atienda estas cuestiones para preservar su atractivo como destino de inversión.
Fuente: El Periodista