La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, ha situado la propuesta de reabrir el yacimiento aurífero Crucitas en el centro de la agenda de su nueva administración, poniendo a prueba una de las políticas antiminera más estrictas de América Latina y reabriendo el debate nacional sobre si el desarrollo de los recursos minerales puede coexistir con la identidad ambiental del país.
Fernández, quien asumió el cargo el 8 de mayo tras ganar las elecciones presidenciales de febrero en primera vuelta, actuó rápidamente para impulsar el proyecto de ley 24.717 al incluirlo en la agenda de sesiones extraordinarias de la Asamblea Legislativa apenas cuatro días después de su investidura.
La iniciativa permitiría la exploración y explotación de oro únicamente en el distrito de Cutris de San Carlos, de 84.800 hectáreas, donde se ubica el yacimiento Crucitas, manteniendo al mismo tiempo la prohibición general de la minería metálica a cielo abierto en el resto del país.
La medida representa un giro significativo para un país que ha construido gran parte de su reputación internacional sobre la conservación, el ecoturismo y el desarrollo sostenible.
Las autoridades sostienen que la prohibición vigente no ha logrado detener la actividad minera en Crucitas y que, por el contrario, ha permitido la expansión de operadores ilegales que, en muchos casos, utilizan mercurio y cianuro sin controles ambientales.
Juan Ignacio Guzmán, CEO de GEM Mining Consulting, señaló que el debate se centra cada vez más en la gobernanza que en la minería misma, destacando que Costa Rica ya cuenta con una industria minera no metálica activa que abastece de áridos, caliza, sílice y otros materiales industriales utilizados en la construcción y la infraestructura.
Eduardo Zamanillo y Marta Rivera, analistas de Geopolitical Mining, sostienen que Crucitas refleja un desafío más amplio que describen como «minería anómica»: situaciones en las que las normas formales que regulan la minería siguen vigentes, pero han dejado de gobernar lo que realmente ocurre en el terreno. A su juicio, el debate ya no se trata de minería versus conservación, sino de si el Estado es capaz de gestionar la extracción de minerales mejor que las redes ilegales que ya operan en la zona.
El proyecto de ley contempla que las concesiones mineras sean adjudicadas mediante licitaciones públicas administradas por la Dirección de Geología y Minas del Ministerio de Ambiente y Energía. Las empresas deberán demostrar experiencia técnica, capacidad financiera y un historial ambiental satisfactorio antes de poder participar en las licitaciones.
Asimismo, la iniciativa propone una regalía mínima del 5% sobre las ventas brutas de minerales, destinándose la mayor parte de esos ingresos al gobierno central (más del 70%), mientras que los municipios y las asociaciones de desarrollo local recibirían una proporción menor.
Juan Carlos Guajardo, director ejecutivo de la consultora minera Plusmining, afirmó que el argumento del gobierno de que una minería regulada podría reducir el daño ambiental es plausible, aunque está lejos de estar garantizado. Las operaciones mineras formales pueden funcionar bajo estándares ambientales significativamente más altos que la minería ilegal, gracias a depósitos de relaves diseñados con criterios de ingeniería, sistemas de gestión de aguas, controles sobre el uso de sustancias químicas y planes de cierre exigibles legalmente.
No obstante, advirtió que desplazar exitosamente a la minería ilegal requiere medidas mucho más amplias, entre ellas un mayor control territorial, acciones efectivas contra las redes criminales, sistemas de trazabilidad del oro y alternativas económicas para las personas que actualmente dependen de la minería informal.
«El desafío no consiste simplemente en reemplazar la minería ilegal por minería legal», señaló Guajardo. «La cuestión de fondo es si Costa Rica puede transformar un pasivo ambiental que contradice su modelo de desarrollo en una oportunidad para generar valor económico, restaurar los ecosistemas dañados y reforzar sus credenciales en materia de sostenibilidad.»
Batalla política
Pese al impulso del gobierno, la iniciativa aún está lejos de convertirse en ley. El proyecto ya superó la revisión en comisión y recibió el respaldo de la Comisión Especial de Alajuela en septiembre de 2025. Actualmente se encuentra en el plenario legislativo, donde parlamentarios de la oposición han presentado cientos de mociones dilatorias. La oposición sigue siendo intensa. Integrantes del partido de izquierda Frente Amplio y sectores del Partido Liberación Nacional sostienen que reabrir la minería metálica a cielo abierto pondría en riesgo ecosistemas sensibles y debilitaría décadas de política ambiental.
Asimismo, organizaciones ambientalistas se han movilizado en contra de la propuesta. El debate también está marcado por el legado de la minera canadiense Infinito Gold. La concesión de la empresa fue anulada por los tribunales costarricenses en 2010, el mismo año en que el Congreso aprobó la prohibición de nuevos proyectos de minería metálica a cielo abierto. Posteriormente, Infinito inició un arbitraje internacional contra el Estado.
Ese litigio concluyó favorablemente para Costa Rica cuando, en 2021, un tribunal internacional rechazó conceder una indemnización a Infinito. La empresa desistió en 2024 de su intento por anular ese fallo, eliminando así una de las principales incertidumbres jurídicas que pesaban sobre el proyecto. Actualmente, las autoridades consideran que esa resolución abre la posibilidad de replantear el desarrollo del yacimiento bajo un nuevo marco regulatorio.
Zamanillo y Rivera señalan que el caso Infinito demuestra que el riesgo en minería va mucho más allá de los permisos y los contratos. Un proyecto puede cumplir con todos los requisitos legales y, aun así, volverse política y socialmente inviable si cambian la opinión pública, las decisiones judiciales o la orientación de los gobiernos.
Fernández ha sugerido que podría convocar a un referéndum nacional si el Congreso rechaza el proyecto.
La posibilidad de una consulta ciudadana funciona tanto como una vía alternativa para sortear el bloqueo legislativo como una herramienta de presión sobre los parlamentarios indecisos. El gobierno considera que sus argumentos sobre empleo, desarrollo económico local, seguridad pública y combate a la minería ilegal podrían encontrar una buena acogida entre los votantes.
Señal para los inversionistas
Para los inversionistas mineros, la importancia de esta propuesta va mucho más allá del yacimiento Crucitas.
Costa Rica ha figurado históricamente entre las jurisdicciones menos accesibles para la minería metálica en América Latina. La disposición del gobierno a reconsiderar su histórica prohibición envía una señal de que el país podría estar dispuesto a recibir inversiones en recursos minerales bajo condiciones estrictamente controladas.
Guzmán señaló que Crucitas es un proyecto importante en el contexto costarricense, pero sigue siendo modesto en comparación con muchos de los mayores proyectos auríferos no desarrollados de América Latina.
Guajardo coincidió y describió a Crucitas como un proyecto de oro de tamaño mediano, más que como un descubrimiento de clase mundial comparable con los grandes yacimientos andinos.
Aun así, afirmó que el proyecto podría atraer un interés significativo de la industria si se eliminan las barreras legales. Estudios previos concluyeron que el yacimiento era económicamente viable cuando el precio del oro se situaba entre US$1.000 y US$1.300 por onza, muy por debajo de los niveles actuales cercanos a US$4.000 por onza, lo que sugiere que el activo podría volver a ser atractivo bajo un marco regulatorio adecuado.
Guajardo señaló que las grandes compañías mineras probablemente aplicarían un importante descuento por riesgo político y criterios ESG (ambientales, sociales y de gobernanza) al evaluar Crucitas, debido a su historial de litigios, controversias ambientales, daño reputacional y actividad minera ilegal. Si bien empresas junior y productores medianos podrían mostrar interés, muchos operadores de mayor tamaño probablemente exigirían mayores garantías jurídicas y de seguridad.
Zamanillo y Rivera sostienen que la aprobación del proyecto de ley 24.717 sería interpretada como una señal importante de que Costa Rica está dispuesta a reabrir el debate sobre la minería. Sin embargo, advirtieron que la sola aprobación legislativa no modificaría sustancialmente la percepción del riesgo regulatorio.
Guzmán coincide en que la mayor prueba del proyecto radica en la gobernanza más que en la geología.
«La pregunta clave es si el gobierno puede asegurar el control del territorio, reducir la minería ilegal, hacer cumplir los estándares ambientales e identificar un operador capaz de financiar el cumplimiento regulatorio y la remediación a largo plazo», señaló.
La sensibilidad ambiental de Costa Rica implica que cualquier proyecto futuro estará sometido a un escrutinio extremadamente riguroso.
«Las empresas no evaluarían Crucitas como un proyecto convencional en Perú, Ecuador o Chile», afirmó Guzmán. «Incorporarían en su evaluación el riesgo constitucional, el riesgo de litigios, las preocupaciones de seguridad, los pasivos ambientales y la posibilidad de futuros cambios de política pública.»
Guajardo también cuestionó si el mecanismo propuesto para adjudicar las concesiones mediante subastas, basado principalmente en las ofertas de regalías, atraería a los operadores más calificados. Advirtió que, aunque este sistema pueda resultar políticamente atractivo, cuando el énfasis está puesto en maximizar las regalías puede favorecer a postores agresivos con supuestos excesivamente optimistas, en lugar de empresas técnicamente sólidas y con un historial comprobado en desempeño ambiental y social.
«En un proyecto tan sensible como Crucitas, la competencia técnica, el desempeño ambiental, la solidez financiera, la capacidad para ejecutar el cierre de mina y el conocimiento de la realidad institucional de Costa Rica deberían tener al menos el mismo peso que la oferta económica», afirmó.
Prueba ambiental
El debate refleja un desafío cada vez más común para los gobiernos del continente americano, que buscan equilibrar el desarrollo de los recursos naturales, la protección ambiental y el crecimiento económico.
Guzmán sostuvo que la minería legal, por sí sola, difícilmente eliminará la actividad ilegal. Basándose en experiencias de Perú y Colombia, explicó que los operadores ilegales suelen trasladarse a otras zonas si los gobiernos no fortalecen simultáneamente la fiscalización y mejoran los sistemas de trazabilidad del oro.
Guajardo, de Plusmining, considera que el umbral de aceptación pública en materia ambiental será excepcionalmente alto y planteó que un futuro concesionario podría incluso tener que contribuir al financiamiento de la restauración de las áreas ya dañadas por la minería ilegal para construir credibilidad ante la ciudadanía.
«La empresa que eventualmente desarrolle Crucitas podría tener que desempeñar no solo el papel de operador minero, sino también el de agente de restauración ambiental, fortalecimiento institucional y reconstrucción de la confianza pública», afirmó Guajardo.
Zamanillo y Rivera advierten que el mayor riesgo reputacional para Costa Rica podría no provenir de la minería formal, sino de la incapacidad para controlar una economía minera ilegal que continúa degradando bosques, cursos de agua y comunidades locales fuera de cualquier supervisión regulatoria. A su juicio, el gobierno debe establecer una distinción clara entre una minería regulada y responsable y lo que ellos denominan una «extracción anómica», si pretende preservar la reputación ambiental que caracteriza al país.
Independientemente de que el proyecto de ley 24.717 sea aprobado o rechazado, Fernández ya ha cambiado el eje de la discusión.
El debate trasciende hoy un único proyecto aurífero. Se ha convertido en una prueba de si Costa Rica puede recuperar el control ambiental e institucional sobre un territorio ya afectado por la minería ilegal, sin renunciar a la identidad conservacionista que sustenta gran parte de su prestigio internacional.
Si tiene éxito, Crucitas podría convertirse en un modelo de cómo los gobiernos pueden enfrentar la extracción ilegal con impactos ambientales mediante regulación formal, fiscalización y remediación. Si fracasa, sus críticos sostienen que reforzará la percepción de que la minería y un modelo de desarrollo basado en la conservación siguen siendo, en esencia, incompatibles.
El desenlace podría definir no solo el futuro de Crucitas, sino también la forma en que los inversionistas evalúan, en el largo plazo, la credibilidad regulatoria y el riesgo político de Costa Rica.
Fuente: Mining.com