La negociación en la mayor mina de cobre del mundo tuvo un giro de última hora. Tras rechazar el martes la oferta de Escondida, el Sindicato N°2 de Supervisores y Staff alcanzó esta madrugada un preacuerdo con la empresa, sometido a votación de sus bases. La paralización quedó suspendida mientras se resuelve su aprobación. Si la propuesta es rechazada, comenzaría el jueves 15 de octubre a las 08:00 horas, informó la compañía.
La organización agrupa a unos 1.020 profesionales. Según Diario Financiero, la oferta rechazada contemplaba $28 millones por término de negociación, incluido un préstamo blando; $1,5 millones por vacaciones; $350 mil líquidos para movilización y 25 UF para educación de trabajadores sin hijos, entre otras prestaciones. Estos beneficios corresponden a la propuesta anterior, no a los términos definitivos del preacuerdo.
El conflicto concentra atención por el peso de la faena y las funciones de quienes negocian. Fiorella Ulloa, encargada de Política y Regulación de Plusmining, advierte: “No conviene medir el riesgo productivo únicamente por el porcentaje de trabajadores movilizados”. Una huelga de supervisores, explica, podría afectar equipos cuyos operadores no participan de la movilización, por la importancia de esas tareas para la continuidad operacional.
Isaac Paredes, gerente de Operaciones de GEM Minería coincide en que el impacto dependerá de la duración y del funcionamiento que se consiga mantener en caso de no llegar a acuerdo. “No debiera asumirse automáticamente una paralización total”, sostiene. Sin embargo, alerta que “cualquier pérdida adicional sería difícil de recuperar dentro del año”, con consecuencias para exportaciones, recaudación y proveedores de Antofagasta.
Álvaro Merino Lacoste, director ejecutivo de Núcleo Minero, estima que Escondida producirá unos 1,15 millones de toneladas en 2026, equivalentes al 22% del volumen nacional. En una detención completa, calcula una pérdida diaria de 3.150 toneladas, valorizadas en cerca de US6,69 por libra. Precisa que ese escenario es poco probable y no corresponde automáticamente al efecto de una huelga de supervisores.
El ejecutivo también llama a vincular los beneficios con la productividad de cada operación. “Si los beneficios exceden con creces el nivel de productividad, en el largo plazo esa compañía minera perderá competitividad y no será sostenible en el tiempo”, plantea.
Para Javier Mella, académico de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de los Andes, una interrupción prolongada tendría efectos macroeconómicos. Recuerda que durante la gran huelga de 2017 el Imacec minero cayó 17,1% en febrero y 22,7% en marzo, según las cifras reportadas entonces. Advierte posibles bajas en las exportaciones e ingresos fiscales y mayor volatilidad cambiaria: “Los efectos macroeconómicos de una paralización son negativos y relevantes, pero dependerían de su duración”.
Centinela: presión y continuidad
El otro frente para la minería nacional está en Centinela, donde dos sindicatos, que reúnen a 709 personas, iniciaron una huelga legal el 7 de octubre. La compañía asegura que mantiene su producción prevista y llamó a continuar el diálogo.
También cuestionó la huelga de hambre que habrían iniciado tres socios. Boris Astete, gerente de Personas y Organización, afirmó: “La protección de la vida y la integridad de las personas debe ser siempre nuestra principal preocupación”. La empresa recordó que la oferta rechazada incluía un alza real de 2% del sueldo base y $26 millones líquidos, entre bono y préstamo. Fiorella señala que los sindicatos reportan restricciones en equipos y funciones críticas. “El mercado observa estos conflictos como un riesgo adicional para la oferta de cobre”, concluye.
Fuente: La Segunda